El Consejo de Ministros aprobó el viernes pasado el proyecto de Ley de fomento de la financiación empresarial , que deberá ahora pasar por la correspondiente tramitación parlamentaria.
El proyecto descansa sobre la realidad de la gran dependencia de la financiación bancaria de la pequeña y mediana empresa. La primera parte del proyecto pretende obligar a las entidades de crédito a notificar a las empresas, por escrito y con antelación de tres meses, su decisión de cancelar o reducir en más del 35% el flujo de financiación que les haya venido concediendo (incluido el descuento comercial), de modo que las empresas puedan disponer de tiempo suficiente para encontrar nuevas vías de financiación o para ajustar su gestión de tesorería. Medida esta que sin duda quedará en el papel, pues las excepciones que el mismo anteproyecto de ley prevee dejará en manos de las Entidades financieras esta supuesta obligación.
Otra obligación de las Entidades de crédito será facilitar a la pyme, en un formato estandarizado y de manera gratuita, información sobre su situación financiera e historial de pagos. Incluso, las mismas entidades deben de poner a disposición de las pymes un informe de su calificación crediticia, basado en una metodología común y modelos que elaborará el Banco de España.
El anteproyecto de Ley proporciona un nuevo régimen jurídico a los establecimientos financieros de crédito, regulando la concesión de leasing, el factoring o la financiación de bienes de equipo.
Se incorporan mejoras en el acceso y funcionamiento de los mercados de capitales, con la posibilidad de que las sociedades limitadas puedan emitir obligaciones. Una vez más la aplicación práctica de la medida se ve complicada especialmente porque las emisiones de las pymes tienden a ser de importes reducidos, y, por tanto, poco líquidas debido a la escasa aceptación en el mercado.
La ley regulará también las plataformas de financiación participativa, el crowdfunding, estableciendo un régimen jurídico para estas plataformas.
En definitiva, un anteproyecto de Ley que, una vez más, aporta cosas interesantes en el mundo de la Pyme sin abordar los problemas de fondo y que probablemente no solucionará ninguno de los problemas que enumera en la exposición de motivos.
