Novedades en materia de Competencia ¿una oportunidad perdida?

Mucho se ha hablado estos días del Real Decreto-ley que aprobó el Gobierno el pasado mayo por el que se transponen una serie de directivas de la Unión Europea en determinadas materias de naturaleza financiera, mercantil y sanitaria.

En lo que aquí interesa, se introduce en el ordenamiento jurídico español la Directiva 2014/104/UE sobre las normas que deben regir en las acciones de daños resultantes de infracciones del Derecho de la competencia de los Estados miembros y de la Unión Europea.

El propio Real Decreto-ley señala en su Exposición de Motivos que la norma comunitaria se promulgó con el propósito de establecer mecanismos procesales efectivos que hagan posible la reclamación de daños y perjuicios provocados por infracciones de la competencia –prácticas colusorias, entre otras– y ello por cuanto el régimen sancionador no se está comportando de manera muy efectiva. Todo ello en aras a proteger la competencia y a garantizar la existencia de una competencia real en el mercado interior.

Hasta aquí, todo bien. Sin embargo, ¿ha sido suficientemente ambiciosa la reforma operada en nuestro sistema legislativo con la transposición de la normativa comunitaria?

Lo cierto es que, a pesar de las evidentes bondades de reforzar el sistema de protección de los perjudicados por conductas contrarias al Derecho de la Competencia, el Real Decreto-ley, que toma como base la propuesta de ley de la Sección Especial de la Comisión General de Codificación para la transposición de la Directiva, opta por una modificación mucho menos ambiciosa de nuestro sistema legal de la planteada inicialmente en aquella propuesta.

Así, entre las normas de carácter sustantivo que incorpora el Real Decreto-ley y que se incluyen en la Ley de Defensa de la Competencia, contrariamente a la propuesta, no se extiende la nueva regulación a los daños derivados de una infracción del artículo 3 de la citada Ley –falseamiento de la competencia por actos desleales-.

La no inclusión de esos daños supone la oportunidad perdida de ampliar la protección en las acciones de daños a los actos derivados de comportamientos desleales, lo cual hubiera supuesto una interesante reforma de la Ley de Competencia Desleal, complementando con ello la reforma de la Ley de Defensa de la Competencia y haciendo que la protección de los consumidores fuese mucho más completa.

No obstante lo anterior, centrándonos en actos o prácticas vulneradoras del Derecho de la Competencia, la reforma operada por el Real Decreto-ley permitirá sin duda un mejor y más rápido acceso a las fuentes de prueba en estos procedimientos, de tal manera que se facilitará que los afectados por tales prácticas – los consumidores – puedan reclamar tanto el daño emergente como el lucro cesante que las mismas les ha provocado. Pensemos, por ejemplo, en una decisión colectiva de subida de precios de aerolíneas comerciales claramente perjudicial para los consumidores.

Por otra parte, el citado Real Decreto-ley incorpora una serie de normas de carácter procesal, que suponen la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil en materia de prueba de daños, si bien lo limita únicamente al ámbito de las acciones en las que se denuncien prácticas colusorias y otras relacionadas con la competencia en el mercado de la UE, desaprovechando la oportunidad de extenderlo a otros procedimientos similares, como los de infracción por actos de competencia desleal o infracción de propiedad industrial e intelectual, sobre los cuales, aun cuando ya existen normas específicas en materia de diligencias preliminares y de comprobación de hechos, se nota una falta de regulación en materia de prueba y, sobre todo, de acceso a las fuentes de prueba, lo cual facilitaría la tramitación de estos procedimientos.

Con todo, podemos significar que la transposición de la Directiva tendrá un efecto significativo en el incremento de este tipo de reclamaciones en materia de defensa de la competencia. La regulación del acceso a las fuentes de prueba, siempre que sea utilizado correctamente, producirá un efecto beneficioso en el correcto desarrollo de estos procedimientos, incrementando la posibilidad de acceso a los mismos por parte de los afectados por infracciones de competencia, prácticas colusorias y cárteles, con el consiguiente incremento en la protección de dichos afectados, que, en definitiva, son los consumidores, como agentes intervinientes en el mercado interior.

 

Juan Manuel de Castro Aragonés, Magistrado en excedencia. Socio del Área Procesal de RCD – Rousaud Costas Duran. 

 

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